¿Sabías que los servicios dentro de la propiedad horizontal pueden generar muchos conflictos si no se gestionan adecuadamente? Desde la autorización para realizar obras hasta las reclamaciones judiciales por impago de gastos comunes, es esencial entender cómo funciona la normativa que regula las comunidades de propietarios.
En este artículo te explicamos todo lo que necesitas saber para evitar problemas y cumplir con tus obligaciones como propietario en una comunidad.
La propiedad horizontal es el régimen jurídico que regula las relaciones entre los copropietarios de un edificio o conjunto residencial que comparten zonas comunes, como escaleras, ascensores o jardines. Esto implica que cada propietario tiene derechos y obligaciones tanto en su propiedad privada como en las áreas comunes.
Uno de los problemas más frecuentes en las comunidades de propietarios es el permiso para realizar obras, tanto en las zonas comunes como en las áreas privadas. Si quieres hacer una reforma, necesitas saber qué tipo de obras requieren autorización de la comunidad.
El no obtener la autorización adecuada puede llevar a sanciones, por lo que es esencial consultar antes de iniciar cualquier obra.
El impago de los gastos comunes es otro de los problemas recurrentes en la propiedad horizontal. Estos gastos incluyen el mantenimiento de las zonas comunes, como el ascensor o los jardines, y su reparto es proporcional entre los propietarios.
Si un propietario se niega a pagar los gastos comunes, la comunidad tiene derecho a iniciar una reclamación judicial para exigir el pago. Este proceso puede incluir:
Cada propietario tiene una serie de obligaciones dentro de la propiedad horizontal. El incumplimiento de estas puede generar conflictos entre vecinos y afectar la convivencia.
Si un propietario no cumple con sus obligaciones, la comunidad puede tomar medidas legales, como sanciones o reclamaciones judiciales.
Otro aspecto importante en la propiedad horizontal es la posibilidad de impugnar acuerdos de la junta de propietarios. Si un acuerdo tomado por la junta es perjudicial para un propietario o no cumple con la ley, este tiene derecho a impugnarlo.
La impugnación debe realizarse en un plazo de 3 meses desde la adopción del acuerdo, y es fundamental contar con el asesoramiento de un abogado especializado para aumentar las posibilidades de éxito.
